CSI-F rechaza la reforma laboral y avisa de que hará frente,
“caso a caso”, a los despidos de empleados públicos que se
produzcan en toda España
“caso a caso”, a los despidos de empleados públicos que se
produzcan en toda España
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato
más representativo en el ámbito de las Administraciones Públicas, manifestó
hoy su rechazo al proyecto de reforma laboral aprobado hoy por la Comisión de Empleo del
Senado, porque mantiene abierta la posibilidad de plantear EREs en el
sector público.
CSI-F convocará la
próxima semana a su máximo órgano sindical para decidir las medidas que llevará a cabo durante los próximos meses
en contra de esta medida “injusta y arbitraria”, que deja en el aire el despido
de miles de trabajadores en el conjunto de las AA.PP., fundamentalmente en el
ámbito local.
“CSI-F defenderá los
intereses y el puesto de trabajo de los empleados públicos y la calidad de los
servicios públicos, en todas las administraciones en las que se produzca un
ERE, sea a nivel nacional, autonómico o municipal”, añadió en un comunicado
el presidente del sindicato, Miguel Borra. A lo largo de los últimos meses,
CSI-F ha mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, y de
manera especial con el PP por su mayoría absoluta en las cámaras, para intentar
modificar la reforma.
Las negociaciones han
llevado al PP a modificar su posición inicial, si bien, la última redacción planteada en la Disposición Adicional
Segunda de la Reforma
Laboral no satisface las expectativas del sindicato, porque
únicamente “establece una gradación en el despido”. Según la enmienda del PP, “tendrá
prioridad de permanencia el personal laboral fijo que
hubiera adquirido esta
condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a
través de un procedimiento selectivo de ingreso”.
CSI-F insiste en que la
reforma “abre la puerta al despido de 700.000 personas en el conjunto de las
AA.PP”. Estas personas han obtenido su plaza mediante un proceso selectivo,
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que marca la Constitución y que
garantizan la calidad e independencia de los servicios públicos. Por tanto, cree
que no es razonable modificar ahora las reglas del juego y permitir que
puedan ser despedidos.
Además, el sindicato no
está dispuesto a que se, confunda a los ciudadanos, responsabilizando de
los problemas del país a los empleados públicos y a los servicios públicos,
como la sanidad o la educación. Así, no admite que se les utilice como moneda
de cambio de las políticas que marca Bruselas para reducir el déficit y
recuperar la confianza de los mercados.
“Se está jugando con
700.000 familias, que en estos momentos tienen una intranquilidad total y
absoluta. Además los “mercados” no
han sido receptivos a las medidas contra la Función Pública que se han ido
adoptando por los diferentes Gobiernos Nacionales, porque tienen claro que los
Servicios Públicos y los Empleados Públicos no son el problema de España.
Sin embargo, estamos convencido que sí que van a responder al rescate del
sistema financiero, porque este sí que es uno de los problemas del
desequilibrio de las cuentas en nuestro País.
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