Reunión con la Defensora del Pueblo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y el resto de sindicatos
presentes en la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y
Empleados Públicos se ha reunido esta tarde con la Defensora del Pueblo para solicitarla
que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el RDL 20/2012 de 13 de julio de
medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.

Los sindicatos del sector público recurren el decreto de recortes, que incluye entre otros
aspectos la retracción de la Paga Extra de Navidad, la supresión de días libres o la
reducción de retribuciones por incapacidad temporal al entender que vulnera, por la vía del
Real Decreto, el derecho a la negociación colectiva que contempla la Constitución (Artículo 86
de la CE).

En la misma línea, consideran que el decreto vacía el contenido del derecho a la libertad
sindical y a la negociación colectiva, seleccionando un colectivo concreto de trabajadores para privarles de medios constitucionales de fijación de condiciones de trabajo, eliminando derechos pactados colectivamente (artículo 28 de la CE).

Igualmente, los sindicatos creen que el decreto vulnera el derecho a ser indemnizado, en caso
de expropiación de derechos, tal y como establece el artículo 33.3 de la Constitución
Española, además de incumplirse los requisitos para dictar decretos leyes (artículo 86 CE). El
decreto también vulnera el artículo 9.3 de la CE, que garantiza el principio de legalidad,
jerarquía normativa, la publicidad de las normas o la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Por último, los sindicatos apelan al artículo 35 de la Constitución sobre la dignidad de la
persona, en conexión con el derecho a una remuneración suficiente para atender las
necesidades del trabajador y su familia, en cuanto el decreto afecta a una retribución básica
como son las pagas extraordinarias.

“Si se está quitando lo básico, está claro que la remuneración no es suficiente, no es digna y el
trabajador no puede atender a sus necesidades y a las de su familia. Esto unido a la
subida de IVA, IRPF, inflación, recortes en descansos y vacaciones, prolongaciones de
jornada, disminución de derechos sociales, etcétera, nos lleva a decir que este precepto
constitucional ha sido claramente conculcado”, argumentan.


CSI-F, sindicato mayoritario en las AA.PP., recuerda que el Tribunal Constitucional Portugués
declaró ilegal la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas al considerarlo
discriminatorio, respecto al resto de los ciudadanos.

“Los empleados públicos nos sentimos maltratados y desprotegidos. Ayer lo reflejó muy
bien la encuesta del CIS: los ciudadanos queremos unos políticos y unos gobernantes
cercanos a nuestros problemas, con los pies en el suelo y pegados a la realidad”, añade.
Por último, en relación a las previsiones del FMI conocidas ayer, CSI-F advierte de que las
políticas de ajuste se están mostrando claramente ineficaces, porque nos impiden crecer y
nos alejan del modelo social que hemos construido entre todos con tanto sacrificio.

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